Principios de la Radiodifusión de Servicio Público en México
Es el resultado del trabajo de análisis conjunto de los integrantes de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C., quienes nos propusimos retomar el debate en torno a la importancia del papel de los medios públicos como parte fundamental de la consolidación democrática en nuestro país.
Los principios que aquí exponemos reflejan nuestro compromiso con la sociedad para que, como medios de comunicación de servicio público, atendamos los preceptos claramente establecidos en las normas internacionales y en la Constitución Política de nuestro país y, fundamentalmente, podamos responder a numerosas demandas de la sociedad.
Los medios de comunicación electrónicos son hoy en día un componente fundamental de la sociedad mexicana pues, a partir de ellos, se construye la visión del mundo y los modelos culturales que permean todo el tejido social e influyen, de manera decisiva, en la agenda nacional.
Su impacto social es tan relevante que no puede ser restringido a los desarrollos tecnológicos que los influyen y transforman, por lo que deben ser visualizados desde los aportes que realizan a la construcción del imaginario colectivo y a la continua reformulación del ser nacional.
Es necesario trabajar en la creación de las condiciones que les permitan contribuir positiva y eficientemente en la conformación de la cultura plural y democrática a la que todo mexicano tiene derecho.
La actividad comunicativa de las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales es fundamental para el sano y armónico desarrollo de nuestra sociedad y para el fortalecimiento de la democracia.
A fin de abrir espacios que consoliden y refuercen el servicio de la radio y la televisión públicas, es indispensable establecer políticas públicas que les den sustento, legitimidad y permanencia institucional.
La radio y la televisión permisionadas, junto con sus audiencias, han sido limitadas en su desarrollo tecnológico y capacidad de producción al depender única y exclusivamente del reducido y cada vez más insuficiente presupuesto público.
El fundamento jurídico de los medios permisionados, vigente desde 1960 para la regulación de la operación de los medios electrónicos, establece no sólo vacíos legales e inequidades inaceptables con relación a los concesionarios, sino fundamentalmente para los ciudadanos, limitados en su derecho a estar informados y en su derecho al acceso a la educación y la cultura, y que reciben una oferta mediática concentrada mayoritariamente en productos generados por el interés de la rentabilidad económica que marca el mercado.
Será necesario que la política de comunicación garantice la eficiencia de la prestación del servicio sin detrimento del presupuesto asignado por el Estado y pueda incrementar su financiamiento mediante otras fuentes de ingresos legítimos sin que éstos constituyan operaciones de lucro, ni desvirtúen los fines del servicio público que atienden.
Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, entendiendo por ella no sólo la facultad de cada uno de expresar sus pensamientos, sino también de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, ya sea en forma oral, impresa, a través de medios masivos de comunicación o cualquier otro medio de su elección, y que la libertad de expresión abarca, asimismo, una dimensión colectiva en los sistemas democráticos que incluye el derecho del público a recibir, a través de los medios de comunicación, información plural y representativa de la diversidad cultural. Se debe garantizar que esa información no esté sometida exclusivamente a intereses políticos o comerciales.
En este sentido, consideramos necesario contar con un sistema de radiodifusión pública fundamentada en principios básicos que orienten su acción para lograr una comunicación seria, creíble, de alta calidad, con diseños institucionales y jurídicos adecuados para su consolidación democrática.
Un compromiso compartido y plural destinado a promover, en el terreno sociocultural, el desarrollo sostenido de nuestro sistema de radiodifusión, a la vez que el derecho a la información, a la educación, y al desarrollo humano pleno. México necesita contar con medios públicos de calidad que sean verdaderos espacios de participación social y cuenten con estabilidad financiera que les permita su fortalecimiento.
La Red se compromete a ello con sus Principios. El Estado debe comprometerse a definir y desarrollar una política pública que garantice la transformación de los medios gubernamentales en verdaderos medios públicos.
Los principios que aquí exponemos reflejan nuestro compromiso con la sociedad para que, como medios de comunicación de servicio público, atendamos los preceptos claramente establecidos en las normas internacionales y en la Constitución Política de nuestro país y, fundamentalmente, podamos responder a numerosas demandas de la sociedad.
CONSIDERANDO QUE:
Los medios de comunicación electrónicos son hoy en día un componente fundamental de la sociedad mexicana pues, a partir de ellos, se construye la visión del mundo y los modelos culturales que permean todo el tejido social e influyen, de manera decisiva, en la agenda nacional.Su impacto social es tan relevante que no puede ser restringido a los desarrollos tecnológicos que los influyen y transforman, por lo que deben ser visualizados desde los aportes que realizan a la construcción del imaginario colectivo y a la continua reformulación del ser nacional.
Es necesario trabajar en la creación de las condiciones que les permitan contribuir positiva y eficientemente en la conformación de la cultura plural y democrática a la que todo mexicano tiene derecho.
La actividad comunicativa de las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales es fundamental para el sano y armónico desarrollo de nuestra sociedad y para el fortalecimiento de la democracia.
A fin de abrir espacios que consoliden y refuercen el servicio de la radio y la televisión públicas, es indispensable establecer políticas públicas que les den sustento, legitimidad y permanencia institucional.
La radio y la televisión permisionadas, junto con sus audiencias, han sido limitadas en su desarrollo tecnológico y capacidad de producción al depender única y exclusivamente del reducido y cada vez más insuficiente presupuesto público.
El fundamento jurídico de los medios permisionados, vigente desde 1960 para la regulación de la operación de los medios electrónicos, establece no sólo vacíos legales e inequidades inaceptables con relación a los concesionarios, sino fundamentalmente para los ciudadanos, limitados en su derecho a estar informados y en su derecho al acceso a la educación y la cultura, y que reciben una oferta mediática concentrada mayoritariamente en productos generados por el interés de la rentabilidad económica que marca el mercado.
Será necesario que la política de comunicación garantice la eficiencia de la prestación del servicio sin detrimento del presupuesto asignado por el Estado y pueda incrementar su financiamiento mediante otras fuentes de ingresos legítimos sin que éstos constituyan operaciones de lucro, ni desvirtúen los fines del servicio público que atienden.
Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, entendiendo por ella no sólo la facultad de cada uno de expresar sus pensamientos, sino también de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, ya sea en forma oral, impresa, a través de medios masivos de comunicación o cualquier otro medio de su elección, y que la libertad de expresión abarca, asimismo, una dimensión colectiva en los sistemas democráticos que incluye el derecho del público a recibir, a través de los medios de comunicación, información plural y representativa de la diversidad cultural. Se debe garantizar que esa información no esté sometida exclusivamente a intereses políticos o comerciales.
En este sentido, consideramos necesario contar con un sistema de radiodifusión pública fundamentada en principios básicos que orienten su acción para lograr una comunicación seria, creíble, de alta calidad, con diseños institucionales y jurídicos adecuados para su consolidación democrática.
PRINCIPIOS GENERALES
- Independencia de gestión. Para su funcionamiento en atención al interés público, la independencia de gestión y la libertad editorial constituyen un principio esencial. Para ello, deben encontrar formas de diversificar sus fuentes de financiamiento con el fin de evitar que sus recursos provengan de una sola fuente. En este caso, el financiamiento público seguirá siendo el ingreso fundamental toda vez que atiende a la responsabilidad del Estado de garantizar el servicio y el derecho de sus habitantes a gozar del acceso a la pluralidad informativa y cultural, sin entrar en la dinámica del mercado ni desviar su responsabilidad de servir a las necesidades informativas del público en general, más allá de los intereses políticos y económicos de algunos grupos influyentes ajenos al interés común.
- Independencia editorial. Los medios públicos requieren libertad editorial para cumplir con la obligación de informar a la sociedad con criterios éticos, profesionales y de calidad en atención al derecho del público de obtener información plural y, al mismo tiempo, estar en posibilidad de generar la credibilidad necesaria para el adecuado cumplimiento de su función.
- Universalidad. Los medios públicos deben ser un servicio público para toda la sociedad, por lo que su acceso debe abarcar todo el territorio nacional y proporcionarse de manera gratuita. Una de las principales obligaciones del Estado es asegurar la universalidad del servicio de interés público ante las demandas legítimas de la sociedad y la protección ante las presiones puramente comerciales.
- Corresponsabilidad. Por atender un servicio de interés público y contar con financiamiento público, las emisoras están comprometidas con la sociedad a desarrollar una gestión transparente y abierta al control y rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la aplicación de sus recursos. En este sentido, los medios deberán establecer formas plurales de gestión y mecanismos de atención de las opiniones de la sociedad respecto al servicio que prestan.
- Claridad jurídica. Los objetivos, los deberes y las directrices que guían el funcionamiento de los medios públicos deben estar claramente definidos y garantizados por la ley, por lo que es necesario remontar el atraso jurídico de la Ley Federal de Radio y Televisión que hoy no incluye este tipo de servicio.
- Pluralidad cultural. Los medios públicos deben contribuir de manera decidida a la afirmación y reconocimiento de todas las culturas que conforman la Nación; en ese sentido, establecen su compromiso de difundir la pluralidad y la diversidad cultural en sus diferentes manifestaciones, entre otras: modos de vida, creencias, costumbres, lenguajes y patrimonio cultural, promoviendo la convivencia pacífica y la cohesión social, en contra de conflictos, hostilidades, marginación y desigualdades.
- Fomento a la cultura política democrática. Contribuir a la formación de una cultura democrática y plural, a la promoción de los derechos de todos los habitantes del país y al debate plural de los temas y problemas nacionales, es una tarea sustantiva de los medios públicos.
- Compromiso con la educación. Coadyuvar al fomento de una educación de calidad y para el progreso individual y colectivo de todos los mexicanos, mediante la difusión del conocimiento. Establecer con toda claridad su disposición a promover la capacitación, formación y actualización de conocimientos para facilitar la integración de las personas al mundo laboral y a la vida social.
- Compromiso con la ciencia y las artes. Divulgar y estimular la ciencia y el desarrollo tecnológico, con objeto de hacerlo accesible a todos y favorecer la toma de conciencia atenta, constructiva y crítica. Promover la difusión y conocimiento del arte en todas sus manifestaciones. Estimular la creatividad y la imaginación y colaborar con las personas, los colectivos, las organizaciones e instituciones de los ámbitos artístico y cultural, con especial énfasis en la experimentación artística en los ámbitos radiofónico y televisivo.
- La radio y la televisión educativas y culturales no pueden quedar sometidas a la lógica del mercado y a las limitaciones económicas derivadas de una obsoleta e in equitativa legislación.
- Asumen su compromiso con la sociedad de la que emergen, lo que los obliga a constituirse en medios públicos al servicio de dicha sociedad.
- Reafirman su compromiso de contribuir a la formación de una cultura democrática y plural, y a la promoción de los derechos de todos los habitantes del país.
- Declaran su vocación por colaborar en la reafirmación de la identidad nacional y de los valores locales y regionales.
- Refrendan su convicción de favorecer el encuentro y descubrimiento de culturas, promover la convivencia pacífica, contribuir a la educación por la paz y la cohesión social, así como rechazar invariablemente conflictos, hostilidades y desigualdades.
- Establecen su compromiso de difundir la pluralidad y la diversidad culturales en sus diferentes manifestaciones: modos de vida, creencias, costumbres, lenguajes, patrimonio cultural, etc.
- Declaran su decidido apoyo a favor de una educación de calidad para todos los mexicanos, que fortalezca la difusión del conocimiento y contribuya al progreso individual y colectivo.
- Establecen con toda claridad su disposición a promover la capacitación, formación y actualización de los conocimientos, para facilitar la integración de las personas al mundo laboral y a la vida social.
- Confirman su compromiso de divulgar y estimular la ciencia y la tecnología, con objeto de hacer accesible a todos el conocimiento y los avances científicos, para favorecer la toma de conciencia atenta, constructiva y crítica.
- Reafirman su compromiso de continuar promoviendo el arte y su conocimiento en todas sus manifestaciones para estimular la creatividad y la imaginación y colaborar con las personas, los colectivos, las organizaciones e instituciones de los ámbitos artístico y cultural.
- El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, a fin de establecer los fundamentos jurídicos del servicio de radiodifusión de servicio público, asegurando su funcionamiento y desarrollo de acuerdo a los Principios Generales aquí expuestos y que garanticen su estabilidad y continuidad. De igual manera, les corresponde facilitar la participación social en materia de producción y difusión de programas educativos y culturales.
- El Poder Ejecutivo y las instituciones gubernamentales, para promover el servicio público audiovisual educativo y cultural mediante la asignación de los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios que garanticen su acceso y la calidad del servicio.
- Las instituciones educativas, para poner a disposición de los mexicanos los medios que les permitan acceder a una adecuada formación, al asegurar su participación efectiva en la radio y la televisión públicas.
- Los organismos internacionales de cooperación educativa, cultural, científica y de desarrollo, para prestar atención singular a la radio y la televisión educativa y cultural, y apoyar su desarrollo como instrumento privilegiado de las iniciativas y los programas de cooperación internacionales.
- Las autoridades estatales y municipales, considerando a la radio y la televisión educativas y culturales como instrumentos adecuados para la protección del patrimonio cultural y la promoción de la diversidad, así como para conciliar la realidad multiétnica y multicultural con la estabilidad de los valores locales.
- La industria y el sistema científico, para que cooperen con la radiodifusión pública con el fin de asegurar que los avances tecnológicos y los sistemas técnicos de creación, tratamiento y difusión de la información estén al servicio de la educación y la cultura.
- Los propios medios de radiodifusión de servicio público, para que contribuyan a la preservación y la difusión del patrimonio cultural audiovisual y faciliten su acceso y utilización activa en el campo de la educación y la cultura.
Un compromiso compartido y plural destinado a promover, en el terreno sociocultural, el desarrollo sostenido de nuestro sistema de radiodifusión, a la vez que el derecho a la información, a la educación, y al desarrollo humano pleno. México necesita contar con medios públicos de calidad que sean verdaderos espacios de participación social y cuenten con estabilidad financiera que les permita su fortalecimiento.
La Red se compromete a ello con sus Principios. El Estado debe comprometerse a definir y desarrollar una política pública que garantice la transformación de los medios gubernamentales en verdaderos medios públicos.

